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El sistema de protección de la calidad de los vinos de la Ley 24/2003

marzo 5, 2012

El Título II de la Ley 24/2003 establecía un sistema de protección de la calidad de los vinos con diferentes niveles. Por otro lado, uno de los extremos objeto de la regulación legal eran esos niveles diferenciados del origen y la calidad de los vinos, así como el sistema de protección, en defensa de productores y consumidores, de las denominaciones y menciones que legalmente les están reservados frente a su uso indebido.

El sistema se basa en una serie de principios establecidos en el artículo 12:

–          asegurar la calidad y mantener la diversidad de los vinos;

–          proporcionar a los operadores condiciones de competencia leal;

–          garantizar la protección de los consumidores y el cumplimiento del principio general de veracidad y demostrabilidad de la información que figure en el etiquetado;

–          permitir la progresión de los vinos en diferentes niveles con un grado de requisitos creciente, de modo que cada nivel implique mayores exigencias que el inmediatamente inferior;

–          y contar con un sistema de control realizado por un organismo público o privado. (VIDAL GIMÉNEZ Y MARTÍN RODRÍGUEZ, 2004).

A continuación se analiza de forma detallada este Título II.  Según el nivel de requisitos que cumplan y, en su caso,  de conformidad con la legislación autonómica, los vinos elaborados en España podían acogerse a alguno de los siguientes niveles (art. 13.1):

a) Vinos de mesa:

    • Vinos   de mesa.
    • Vinos   de mesa con derecho a la mención tradicional “vino de la tierra”.

b) Vinos de calidad producidos en una región determinada (v.c.p.r.d.), en los que, a su vez, podrán establecerse los siguientes niveles:

    • Vinosde calidad con indicación geográfica.
    • Vinos con denominación de origen.
    • Vinos con denominación de origen calificada.
    • Vinos   de pagos.

En el marco de la normativa comunitaria, los niveles establecidos en la letra a) del apartado 1 del artículo 13 podían aplicarse a otros tipos de vinos distintos de los vinos de mesa (art. 13.3). Los operadores podían decidir el nivel de protección a que se acogen sus vinos, siempre que éstos cumpliesen los requisitos establecidos para cada nivel en esta ley y en sus normas complementarias y, en su caso, en la legislación autonómica (art. 13.4).

Cada nivel de protección debía contar con una regulación general, que, en todo caso, recogía las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria, de esta Ley y, en su caso, de la legislación autonómica, así como la correspondiente al sistema de control de los vinos.  Asimismo, para el reconocimiento de la protección de un nombre geográfico empleado para la protección de un vino de la tierra o un v.c.p.r.d., éste debía contar con una norma específica reguladora, de acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso (art. 14).

Cada nivel de protección debía tener claramente delimitadas las zonas de producción, elaboración y envejecimiento de las distintos niveles de protección en función de criterios geográficos y, en su caso, antrópicos; tener variedades de vid asignadas y, en su caso, sus respectivos rendimientos máximos; y tener definidas las características de los vinos amparados por cada nivel (art. 15).

Una misma parcela de viñedo podía proporcionar uvas para la elaboración de vinos con destino a un único o a diferentes niveles de protección, siempre que las uvas utilizadas y el vino obtenido cumpliesen los requisitos establecidos para el nivel o niveles elegidos, incluidos los rendimientos máximos de cosecha por hectárea asignados al nivel elegido (art. 16.1).  La totalidad de la uva procedente de las parcelas cuya producción exceda de los rendimientos máximos establecidos para un nivel de producción debe ser destinada a la elaboración de vino acogido a otro nivel de protección para el que se permitan rendimientos máximos superiores a la producción de la indicada parcela (art. 16.2).

Los nombres geográficos protegidos por estar asociados con cada nivel según su respectiva norma específica, y en especial las Denominaciones de Origen, son bienes de dominio público y no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.  La titularidad de estos bienes de dominio público corresponde al Estado cuando comprendan territorios de más de una Comunidad Autónoma y a las Comunidades Autónomas en los demás casos (art. 17.1).  El uso y la gestión de los nombres protegidos estarán regulados por la presente Ley y las normas concordantes (art. 17.2). No podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que lo solicite y cumpla los requisitos establecidos para cada nivel, salvo que se hubiera impuesto sanción de pérdida temporal o definitiva del uso del nombre protegido o concurra otra causa establecida en la normativa estatal o autonómica (art. 17.3).  Los nombres geográficos asociados a cada nivel no podrán utilizarse para la designación de otros productos del sector vitivinícola, salvo los supuestos amparados en la normativa comunitaria.  La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, a la presentación, a la publicidad, al etiquetado y a los documentos comerciales de los productos afectados. Esta protección implica la prohibición de emplear cualquier indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los vinos en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a ellos.

Los nombres geográficos que sean objeto de un determinado nivel de protección no podrán ser empleados en la designación, presentación o publicidad de vinos que no cumplan los requisitos de dicho nivel de protección, aunque tales nombres vayan traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como “tipo”, “estilo”, “imitación” u otros similares, ni aun cuando se indique el verdadero origen del vino. Tampoco podrán emplearse expresiones del tipo “embotellado en …” con bodega en…” u otras análogas.

Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a los nombres geográficos protegidos por cada nivel únicamente podrán emplearse en vinos con derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en la correspondiente normativa comunitaria.

Los operadores del sector vitivinícola deberán introducir en las etiquetas y presentación de los vinos, elementos suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara su calificación y procedencia y para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores (art. 18).

Los certificados de origen de los vinos amparados por un nivel de protección, entendiéndose por tales los que acreditan la calidad vinculada a un origen geográfico determinado, serán expedidos, en todo caso, a requerimiento de los interesados por el órgano encargado del control del nivel de protección correspondiente.

Cuando se trate de vinos de mesa, su procedencia será certificada por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, a requerimiento de los interesados (Disposición Adicional 3ª).

El vino de mesa podrá utilizar, en los términos que establezca esta Ley y, en su caso, la legislación autonómica, la mención “vino de la tierra”, acompañada de una mención geográfica, siempre que cumpla los siguientes requisitos (art. 19): que el territorio vitícola del que proceda, independientemente de su amplitud, haya sido delimitado teniendo en cuenta unas determinadas condiciones ambientales y de cultivo que puedan conferir a los vinos características específicas; y que se expresen la indicación geográfica, el área geográfica, las variedades de vid y los tipos de vinos amparados, el grado alcohólico volumétrico natural mínimo y una apreciación o una indicación de las características organolépticas.

Los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, definidos según la normativa de la Unión Europea y que se produzcan en España, pertenecerán a uno de los niveles enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 13 de esta ley (art. 20.1). Los nombres protegidos por su asociación con cada uno de los niveles de v.c.p.r.d. tendrán necesariamente carácter geográfico.  Excepcionalmente y en el marco de la normativa europea, podrán ser consideradas como v.c.p.r.d. las denominaciones tradicionales no geográficas que designen vinos originarios de una región o de un lugar determinado y que cumplan las condiciones señaladas en cada caso (art. 20.2).La Administración Pública competente en cada caso reconocerá la existencia de un v.c.p.r.d., previo el procedimiento que reglamentariamente se establezca. La comunicación a la Unión Europea del reconocimiento de los nuevos v.c.p.r.d., para su protección comunitaria e internacional, corresponderá en todo caso a la Administración General del Estado (art. 20.3). La Administración Pública competente en cada caso determinará reglamentariamente los supuestos en los que se podrá suspender o revocar el reconocimiento de un v.c.p.r.d, concreto o de sus órganos de gestión o control, cuando en él se constate el incumplimiento grave, reiterado y generalizado de los requisitos establecidos para acceder al nivel de protección que le haya sido reconocido o a la autorización otorgada (art. 20.4). Los operadores que deseen acogerse al amparo de un v.c.p.r.d. deberán inscribir sus viñedos y sus instalaciones en el correspondiente órgano de gestión, cuando exista, y someterse, en todo caso, a un sistema de control (art. 20.5).

Se entenderá por vino de calidad con indicación geográfica el producido y elaborado en una región, comarca, localidad o lugar determinado con uvas procedentes de los mismos, cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor humano o a ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o a su envejecimiento (art. 21.1).Los vinos de calidad con indicación geográfica se identificarán mediante, la mención “vino de calidad de”, seguida del nombre de la región, comarca, localidad o lugar determinado donde se produzcan o elaboren (art. 21.2). Los vinos de calidad con indicación geográfica contarán con un órgano de gestión y se someterán a un sistema de control conforme a lo dispuesto en el artículo 20 (art. 21.3).

Se entenderá por “Denominación de origen” (DO) el nombre, de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido administrativamente para designar vinos que cumplan las siguientes condiciones (art. 22.1):

a)      Haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados con uvas procedentes de los mismos;

b)      Disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen.

c)      Y cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico que incluye los factores naturales y humanos.

Será requisito necesario para el reconocimiento de una denominación de origen que la región, comarca o lugar a la que se refiera hayan sido reconocidos previamente como ámbito geográfico de un vino de calidad con indicación geográfica con una antelación de al menos, cinco años (art. 22.2).  Además de los criterios señalados en el articulo 15, la delimitación geográfica de una denominación de origen incluirá exclusivamente terrenos de especial aptitud para el cultivo de la vid (art. 22.3).  La gestión de la denominación de origen deberá estar encomendada a un órgano de gestión, denominado Consejo Regulador, en la forma que la normativa de la Administración Pública competente determine la normativa de la Administración Pública competente determine (art.22.4).

Los requisitos de las denominaciones de origen calificadas (DOCa) son los siguientes (art. 23.1):

a) Los establecidos para las denominaciones de origen (cfr. art. 22)

b) Que hayan transcurrido, al menos, 10 años desde su reconocimiento como Denominación de Origen.

c) Que los productos amparados se comercialicen exclusivamente embotellados desde bodegas inscritas y ubicadas en la zona geográfica delimitada.

d) Que su organismo u órgano de control establezca y ejecute un adecuado sistema de control, cuantitativo y cualitativo, de los vinos protegidos, desde la producción hasta la salida al mercado, que incluya un control físico-químico y organoléptico por lotes homogéneos de volumen limitado.

e) Que en las bodegas inscritas, que habrán de ser independientes y separadas, al menos, por una vía pública de otras bodegas o locales no inscritos, solamente tenga entrada uva procedente de viñedos inscritos o mostos o vinos procedentes de otras bodegas también inscritas, y que en ellas se elabore o embotelle exclusivamente vino con derecho ala Denominación de Origen Calificada, o en su caso, a los vinos de pagos calificados ubicados en su territorio.

f) Que dentro de su zona de producción, estén delimitados cartográficamente, por cada término municipal, los terrenos que se consideren aptos para producir vinos con derecho a la Denominaciónde Origen Calificada.

 

La gestión deberá estar encomendada a un órgano de gestión, denominado Consejo Regulador, en la forma que la normativa de la Administración Pública competente determine (art. 23.2).

A los efectos de la ley, se entiende por “pago” el paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya extensión no podrá ser igual ni superior a la de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o territorios, si fueren más de uno, se ubique.

Se entiende que existe vinculación notoria con el cultivo de los viñedos, cuando el nombre del pago venga siendo utilizado de forma habitual en el mercado para identificar los vinos obtenidos en aquél durante un periodo mínimo de cinco años (art. 24.1).

En caso de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, podrá recibir el nombre de “vino de pago calificado” y los vinos producidos en él se denominarán de “pago calificado”, siempre que acredite que cumple los requisitos exigidos a los vinos dela Denominación de Origen calificada y se encuentra inscrito en la misma (art. 24.2).

Los vinos de pago serán elaborados y embotellados por las personas físicas o jurídicas que, por sí mismas o por sus socios, ostenten la titularidad de los viñedos ubicados en el pago o con carácter excepcional y en los supuestos que la Administracióncompetente lo autorice reglamentariamente, en bodegas situadas en la proximidad del pago que, en todo caso, deberán estar situadas en alguno de los términos municipales por los cuales se extienda el vino de pago o en los colindantes (art. 24.3).

Toda la uva que se destine al vino de pago deberá proceder de viñedos ubicados en el pago determinado y el vino deberá elaborarse, almacenarse y, en su caso, criarse de forma separada de otros vinos (art. 24.4). En la elaboración de los vinos de pagos se implantará un sistema de calidad integral, que se aplicará desde la producción de la uva hasta la puesta en el mercado de los vinos. Este sistema deberá cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo anterior para las Denominaciones de Origen Calificadas (art. 24.5).

Cada Vino de pago deberá contar con un órgano de gestión. No obstante, las legislación de las Comunidades Autónomas podrá exonerar de dicha obligación a aquellos vinos de pago cuyo número de operadores sea inferior a la cifra que se determine (art. 24.5).

La ley establece un  procedimiento de reconocimiento de un nivel de protección. Los viticultores y elaboradores de vinos, o sus agrupaciones o asociaciones, que pretendan el reconocimiento de un nivel de protección de vino de mesa con derecho a la mención tradicional de vino de la tierra o de v.c.p.r.d., deberán solicitarlo ante el órgano competente dela Comunidad Autónoma o ante el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, según que el ámbito territorial de aquel, se circunscriba a una sola Comunidad o a más de una.  Los solicitantes deberán certificar su vinculación profesional. económica y territorial con los vinos para los que se solicita la protección, por su condición de viticultores o de elaboradores que ejerzan su actividad en el área geográfica concernida (art. 28).

La solicitud a la que se refiere el artículo anterior deberá ir acompañada de un estudio que comprenderá, al menos, los siguientes elementos (art. 29):

  • Respecto      del nombre

1º. Justificación de que el nombre geográfico es suficientemente preciso y está relacionado con la zona geográfica delimitada.

2°. Certificación del Registro Mercantil Central y dela Oficina Españolade Patentes y Marcas de que no existen derechos previos respecto de ese nombre.

  • Respecto      de los vinos

1°. Delimitación de la zona geográfica basada en los factores naturales y humanos en su caso y, en especial, en las características edáficas y climáticas.

2º. Indicación de las variedades de vid autorizadas y de las técnicas de cultivo para la producción de uva.

3°. Características y condiciones de elaboración de los vinos.

4°. Métodos de elaboración.

5°. Descripción de los vinos.

6°. Modos de presentación y comercialización así, como principales mercados u otros elementos que justifiquen la notoriedad de los vinos, para los v.c.p.r.d.

El procedimiento de reconocimiento de los distintos niveles de protección y de sus respectivos órganos de gestión se establecerá por la Administración competente en cada caso, debiéndose asegurar la audiencia de todos los operadores que puedan resultar afectados por el reconocimiento. El reconocimiento de un nivel de protección que afecte al territorio de dos o más Comunidades Autónomas exigirá, en todo caso, un informe previo y favorable de las respectivas Administraciones de las Comunidades Autónomas (art. 30).

La resolución de reconocimiento establecerá, al menos, la zona de producción y crianza de los vinos, las variedades de uva utilizables, tipos de vinos, los sistemas de cultivo, elaboración y, en su caso, crianza, así como los coeficientes máximos de producción y, en su caso, transformación.

El reconocimiento estará condicionado a que los solicitantes presenten, en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud, una propuesta de Reglamento del v.c.p.r.d. para su aprobación por la autoridad competente. Transcurrido dicho plazo sin que los solicitantes presenten una propuesta de Reglamento, cualquier otro operador interesado podrá iniciar de nuevo el procedimiento de reconocimiento del v.c.p.r.d.

Transcurridos cinco años desde el reconocimiento de un nivel de protección, porla Administracióncompetente se procederá a comprobar que en la gestión y control de los vinos acogidos a ese nivel de protección se cumple de forma satisfactoria la normativa aplicable a aquél. En el  caso de que ello no fuera así, se procederá a la declaración de extinción del reconocimiento del nivel de protección (art. 31).

Una vez aprobado el v.c.p.r.d., y, en su caso, su normativa específica, las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes desde su publicación, Una certificación de las disposiciones por las que lo hayan reconocido, a fin de su publicación en el plazo de tres meses en el Boletín Oficial del Estado, a efectos de su protección nacional, comunitaria e internacional.

Si en ese mismo plazo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apreciara la existencia de motivos de ilegalidad, dejará en suspenso la publicación en el Boletín Oficial del Estado y procederá a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El mismo procedimiento establecido en el artículo anterior se aplicará a los vinos de mesa con derecho a la mención tradicional vino de la tierra, con las adaptaciones que resulten necesarias por las particularidades de tales vinos (art. 32).

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, debían adaptarse a sus previsiones los vigentes reglamentos de v.c.p.r.d  así como sus órganos de gestión (Disposición .Transitoria. 2ª).

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