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Algunas consideraciones sobre normativa vitivinícola, su Historia en España (II): El sistema legal de la viña y del vino en España previo al Reglamento de la Unión Europea 479/2008.

marzo 2, 2012

Antes del ingreso de España en la Unión Europea, el marco legal sobre el  sector estaba configurado por:

  • Ley      25/70 y Decreto 835/72. Esto es, el Estatuto      de la viña, del vino y de los alcoholes, y su Reglamento.
  • Decretos  y Reales Decretos, regulando las normas de campaña vínico – alcoholera que   afectaba a precios, intervenciones, fomento de la calidad, etc. El R.D.   2201/83 marcó la última ordenación del mercado español.
  • Normas  generales referentes a etiquetado, industrias, exportaciones e impuestos,   que debían cumplimentar los operadores sectoriales.
  • Reglamentos  de denominaciones de origen, como expresión diferenciada de los vinos de calidad.

Algunos de los aspectos que merecen destacarse de la Ley 25/70 y del Decreto 835/72 (Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes y su Reglamento) son:

  • Objetivos: Ordenación del viñedo y   su producción, la definición, elaboración y comercialización de los  productos derivados de la  uva y  otras bebidas alcohólicas, y la definición y empleo de los alcoholes.
  • Productos que abarca y define:  Uva, mosto, tipos de mosto y zumos, vino, tipos de vinos, sidra,  alcoholes, subproductos, vinagres y bebidas derivadas de alcoholes  naturales.
  • Aspectos relacionados con la viña;  Plantación del viñedo (nuevas plantaciones y replantaciones), cultivo de  la vid (prohibición del riego, prácticas de cultivo, reposiciones,      declaraciones de cosecha), viveros, auxilios y sustitución del cultivo.
  • Vino, alcoholes y demás productos;  Prácticas admitidas para cada tipo de producto, prohibiciones y  condiciones de uso, productos no aptos para el consumo, tenencias y  circulación de materias que se utilizan en la elaboración, declaración de      productos. Protección a la calidad. Denominación de origen de los vinos,  Consejos Reguladores, INDO.
  • Normas  de campaña, circulación de productos, venta de productos a granel y   envasado, comercio exterior, infracciones y sanciones, catastro.
  • En  sus anexos hay que destacar: clasificación de variedades, definición de  región vitícola, modelo de declaraciones, prácticas enológicas, características de productos enológicos y circulación de productos.

Las normas de campaña se promulgaban el 1º de septiembre de cada año y duraban hasta el 31 de agosto del año siguiente. El Objetivo pretendido con estas normas era la eliminación de excedentes de vino en cada campaña, mediante la destilación o reducción a alcohol de los mismos”. Se aplicaba a todos los vinos (de mesa, y con denominación de origen), poseía el mismo precio el vino blanco y el vino tinto. El Servicio Nacional de Producción Agraria (SENPA) era el organismo tutelador de todas las medidas derivadas de las normas de campaña. Los aspectos de mayor interés que establecían las normas de campaña son: modalidades de destilación, precios, régimen de garantía complementaria, entrega vínica obligatoria y actuaciones en inmovilizaciones, anticipos, entidades colaboradoras. . (VIDAL GIMÉNEZ Y MARTÍN RODRÍGUEZ, 2004)

Entre las normas generales con influencia en el sector es conveniente destacar las que hacían referencia a: etiquetado y presentación, industrias vínicas, impuestos y fiscalidad, exportación.

La situación vitivinícola y sus coordenadas nacionales, las orientaciones emanadas dela U.E., los acuerdos internacionales y el nuevo marco competencial autonómico hicieron que el Estatuto dela Viña, del Vino y de los Alcoholes quedara obsoleto y se hiciese aconsejable su revisión. (VIDAL GIMÉNEZ Y MARTÍN RODRÍGUEZ, 2004)

De la misma forma, las condiciones de rentabilidad y competitividad, las necesidades de I+D y transferencia de tecnología, la diversificación y la defensa del concepto “vino” en los mercados e instituciones exigen una reforma acorde con la realidad actual. La vieja estructura del Estatuto y su Reglamento fue superada por el marco legal vigente, por las prácticas viticultoras y enológicas y por las exigencias del sector.

De hecho, la normativa española se vio afectada con la entrada enla Unión Europea.El “Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España ala CEE”, recoge en Capítulo III: AGRICULTURA, referencias concretas al sector vitivinícola tanto en las secciones I y II, como en el apartado e) del anexo XVI y en las declaraciones comunes. Las principales indicaciones en este sentido se refieren a:

  • Aproximación      y compensación de precios (artículos 68 y 74).
  • Libre      circulación y Unión Aduanera (artículos 75 y 78).
  • Ayudas      (artículos 79 y 80).
  • Mecanismos      complementarios aplicables a los intercambios (artículos 81 y 85).
  • Otras      disposiciones, relativas o no, a la organización común del mercado      vitivinícola (artículos 86  a 91 y artículos 122 a 129, estos últimos específicos para el sector vitivinícola).

Además, existen dos declaraciones comunes, una sobre la “aplicación del montante regulador a los vinos de mesa”, y una segunda relativa a “vinos españoles de calidad protegidos en regiones determinadas”.

Todo ello propició la necesidad de la promulgación de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, que vino a sustituir a la obsoleta y derogada de facto desde hace mucho tiempo Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto dela Viña, del Vino y de los Alcoholes.

Consta esta Ley de cuatro títulos, que tratan sucesivamente de los aspectos generales de la vitivinicultura, de la protección del origen y la calidad de los vinos, del régimen sancionador y del Consejo Español de Vitivinicultura.

En el primero de ellos, después de definir los productos y las prácticas de cultivo, se abordan, de ordinario según la normativa comunitaria, las cuestiones capitales en esta materia, tales como lo relativo a las plantaciones y replantaciones, al riego de la vid y al aumento artificial de la graduación alcohólica natural, así como a la drástica medida del arranque de las viñas que estrenó en su tiempo el emperador Domiciano, hijo de Vespasiano, cuando para remediar la escasez de trigo y el exceso de vino mandó descepar la mitad de las viñas en todo el Imperio.

Armoniza el empleo de menciones tradicionales asociadas a métodos especiales de elaboración y envejecimiento de los vinos (crianza, reserva, gran reserva…) de modo que no haya confusión en el consumidor ni competencia desleal entre los elaboradores.

En cuanto a la viticultura, se configuran normas de desarrollo de lo dispuesto en la Organización Común de Mercados (OCM) del sector sobre el potencial vitícola, con el objetivo de configurar una viticultura orientada a la obtención de productos de calidad.

Por ejemplo, se tiene en el Artículo 3 (Indicaciones relativas a las características de los vinos) que a efectos de su protección, y sin perjuicio de las competencias que puedan tener las comunidades autónomas en materia de denominaciones de origen, se establecen las siguientes indicaciones relativas a las categorías de envejecimiento:

a)      Indicaciones comunes para los vinos de mesa con derecho a la mención tradicional vino de la tierra y para los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (en adelante v.c.p.r.d.):

Noble, que podrán utilizar los vinos sometidos a un período mínimo de envejecimiento de 18 meses en total, en recipiente de madera de roble de capacidad máxima de 600 litros o en botella.

Añejo, que podrán utilizar los vinos sometidos a un período mínimo de envejecimiento de 24 meses en total, en recipiente de madera de roble de capacidad máxima de 600 litros o en botella.

Viejo, que podrán utilizar los vinos sometidos a un período mínimo de envejecimiento de 36 meses, cuando este envejecimiento haya tenido un carácter marcadamente oxidativo debido a la acción de la luz, del oxígeno, del calor o del conjunto de estos factores.

b)      Indicaciones propias de los v.t.c.p.r.d. Además de las indicaciones reguladas en el párrafo anterior, los v.t.c.p.r.d. podrán utilizar las siguientes:

Crianza, que podrán utilizar los v.t.c.p.r.d. tintos con un período mínimo de envejecimiento de 24 meses, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros; y los v.t.c.p.r.d. blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de 18 meses, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima.

Reserva, que podrán utilizar los v.t.c.p.r.d. tintos con un período mínimo de envejecimiento de 36 meses, de los que habrán permanecido al menos 12 en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto de dicho período; los v.t.c.p.r.d. blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de 24 meses, de los que habrán permanecido al menos seis en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho período.

Gran reserva, que podrán utilizar los v.t.c.p.r.d. tintos con un período mínimo de envejecimiento de 60 meses, de los que habrán permanecido al menos 18 en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto de dicho período; los v.t.c.p.r.d. blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de 48 meses, de los que habrán permanecido al menos seis en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho período.

c)      Indicaciones propias de los vinos espumosos de calidad. Los vinos espumosos de calidad podrán utilizar las siguientes indicaciones:

Premium y reserva, que podrán utilizar los vinos espumosos de calidad definidos en la normativa comunitaria y los vinos espumosos de calidad producidos en una región determinada (v.e.c.p.r.d.).

Gran reserva, que podrán utilizar los v.e.c.p.r.d. amparados por la Denominación Cava, con un período mínimo de envejecimiento de 30 meses contados desde el tiraje hasta el degüelle.

En el título II se establece un sistema de protección de la calidad de los vinos con diferentes niveles, que pueden superponerse para los que proceden de una misma parcela, siempre que las uvas utilizadas y el vino obtenido cumplan los requisitos establecidos. De ahí resultan las distintas categorías de vinos: los de mesa con derecho al uso de menciones geográficas, los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, los de calidad con indicación geográfica, los vinos con denominación de origen calificada o no, y los vinos de pagos, con sus correspondientes órganos de gestión.

La Ley configura un nuevo sistema de protección del origen y la calidad de los vinos, con varios niveles diferenciados. La Ley 25/1970 estableció un sistema de protección basado en la figura de las denominaciones de origen, que ha contribuido de modo decisivo a prestigiar los vinos españoles. Sin embargo, la aparición de nuevas figuras de protección vinculadas a la regulación de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vinos de calidad con indicación geográfica, vinos de D.O, vinos de D.O. calificada y vinos de pagos) aconseja establecer un nuevo sistema de niveles, incluidos los vinos de mesa con indicación geográfica (vinos de la tierra) en línea con las orientaciones internacionales, que asegure a los operadores la competitividad de sus vinos y una concurrencia leal en el mercado. Así, el artículo 13 (Niveles del sistema)  establece que según el nivel de requisitos que cumplan y, en su caso, de conformidad con la legislación autonómica, los vinos elaborados en España podrán acogerse a alguno de los siguientes niveles:

a)      Vinos de mesa:

Vinos de mesa.

Vinos de mesa con derecho a la mención tradicional vino de la tierra.

b)      Vinos de calidad producidos en una región determinada (v.c.p.r.d.), en los que, a su vez, podrán establecerse los siguientes niveles:

Vinos de calidad con indicación geográfica.

Vinos con denominación de origen.

Vinos con denominación de origen calificada.

Vinos de pagos.

Para los distintos sistemas de protección se configura el principio de separación de la gestión y el control de su uso, y admite diferentes formas jurídicas respecto a los organismos encargados del control y de la gestión.

El texto legal contempla que la gestión de las denominaciones de origen corresponde a los Consejos Reguladores – órganos de gestión -, los cuales deben pasar de su actual status (órganos desconcentrados de la Administración) a tener personalidad jurídica propia y actuar en régimen de derecho privado. Sus funciones serán las de mejorar la calidad, proponer variaciones en la delimitación de la zona de producción, establecer los rendimientos máximos, definir normas de elaboración y cosecha, estudio y promoción de mercados, etcétera.

En el título III se regula el régimen sancionador aplicable a las infracciones administrativas en materia de vitivinicultura y en relación con los niveles de protección de los vinos (Denominaciones de Origen), que necesariamente debe establecerse en una norma de rango legal en cumplimiento del principio de legalidad recogido en la Constitución.

No obstante, no todo el título III tiene carácter de normativa básica, sino únicamente aquellos preceptos que por su trascendencia juegan como niveladores del sistema sancionador, de manera que aseguren unos criterios de mínima y básica homogeneidad al conjunto del sistema.

Por su parte el título IV se dedica al Consejo Español de Vitivinicultura, concebido como un órgano colegiado de carácter consultivo de representación de las Administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, así como de las organizaciones económicas y sociales que operan en el sector de la vitivinicultura.

Además de para el cumplimiento de las funciones específicas que le marca la ley, el Consejo aspira a ser un foro de encuentro, debate y formulación de iniciativas en orden a la mejora económica, técnica y social del sector vitivinícola español.

Si se compara este contenido con la amplitud del Estatuto del Vino de 1970, pudiera dar la impresión de que estamos ante un texto incompleto. Sin embargo, no es así. Dado que esta materia se halla minuciosamente regulada por el Derecho comunitario, dejando escaso margen de maniobra a los Estados miembros para el ejercicio de su potestad normativa, sería poco prudente incluir en una ley, cuyo principal objetivo es el de proporcionar seguridad jurídica, previsiones contingentes.

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